Grecia apuesta a nuevas relaciones de producción


que debiliten las relaciones dominadas por los intereses del capital

-Sergio Reuben Soto-

            El plan de Alexis Tsipras, Primer Ministro del gobierno griego, de obtener una rebaja sustantiva a los 240 mil millones de euros de deuda, sólo puede hacerse real si Alemania, Francia y la Comisión Europea, aceptan nuevas relaciones económicas, particularmente financieras, que modifiquen la forma capitalista de valorar los activos.

            De hecho, la propuesta del ministro de finanzas griego Yanis Varoufakis de canjear la deuda por bonos perennes y por bonos redimibles sólo en condiciones de crecimiento del PIB griego, son mecanismos que rompen el esquema normal de bonificar la deuda.  No es, pues, de extrañar que haya sido el Fondo Monetario Internacional el primero en rechazar la oferta, puesto que su aceptación implicaba aceptar esas relaciones financieras para todo el mundo… (ver opinión Financial Times)

            El problema reside en que, como dice Tsipras en una carta a los contribuyentes alemanes y europeos en general, la deuda griega que se ha ido amontando en los últimos años, es realmente impagable.  La Comisión Europea y el Banco Central Europeo agraciaron la deuda con nuevos préstamos, a efecto de que no apareciera el fantasma de la quiebra o del de fault, que pusiera en peligro la estabilidad del euro.  Pero las condiciones financieras y económicas de Grecia eran inadmisibles para cualquier banquero.

            Como puede verse, ya en tales condiciones, se dejaron de aplicar las “sanas” reglas de las finanzas en pos de un objetivo político; pero en lugar de reconocer las condiciones materiales y objetivas de la economía del país, lo que hicieron fue maquillarla –sí, esa es la palabra–, de manera que Grecia diera la impresión de que era capaz de “pagar”, esto es de honrar la deuda, de acuerdo a la lógica de las relaciones capitalistas, con el pago de intereses y capital en los plazos convenidos; cuando en verdad el país no podía hacerlo.

            Este panorama presenta nuevamente una situación que se describió en una entrada de este Blog del 26 de octubre del 2014, en la que se expresa la necesidad de crear un “código de los derechos elementales de los pueblos”, con jurisdicción internacional, que norme las condiciones mínimas de vida que no pueden ser menoscabadas a éstos por el cobro de la deuda soberana.  Las entidades financieras internacionales, como las nacionales, como los inversionistas y poseedores de bonos, deben saber cuándo es conveniente comprar la deuda de determinado país y cuándo no.  Pero no pueden pedir que ese país someta a condiciones indignas a la mayoría de sus ciudadanos sólo por el hecho de honrar el pago de su deuda.  Creo que no hay pueblo de América Latina que no haya conocido los rigores de un cobro despiadado.

            La aceptación del no pago de la deuda soberana es, sí, una regla del mercado puro, que no ha sido reconocida por el capital, acostumbrado a que el ordenamiento legal le favorezca y, por lo general, acostumbrado a dictar las condiciones en las que funciona el mercado.

            Lo que la crisis desatada a finales del 2008 ha venido a mostrar es que la valoración y reproducción del capital ha sometido a sus intereses los objetivos fundamentales de la organización social que, sabemos, no pueden ser ya los de mantener las condiciones por las que ese capital se valoriza y reproduce, sino que son justamente las necesidades perentorias de la ciudadanía[1].  El rescate de los grandes inversionistas y de un sistema financiero herido en el hígado se hizo bajo la premisa de que era necesario, para superar la crisis, restaurar las condiciones dentro de las que se había venido dando ese proceso.  Pero con ello se evitó que las “leyes del mercado puro” actuaran conforme a su sino y se puso a los intereses del capital ante ellas.

            El quid pro quo se debe a que nos han enseñado que dicha reproducción y valoración del capital es la que permite la mejor forma de organizar la producción y el reparto del producto colectivo; pero las crisis y sus nefastos resultados, cada vez más frecuentes y dolorosos, muestran que ya no es así.  El crecimiento de la acumulación de capital y su concentración y centralización en pocas manos, como se ha demostrado[2], conduce al control corporativo de los mercados y a su desquiciamiento, convirtiéndolos en instrumento de sus intereses y no de los intereses de las grandes mayorías.

            Grecia pide un cambio en ese planteamiento, como lo ha venido pidiendo Argentina y la mayoría de los pueblos de América Latina desde hace varias décadas.  Los deudores deben reconocer que se equivocaron, que las inversiones que hicieron no rindieron como esperaban.  Y permitirle a los pueblos condiciones dignas de vida.

[1] – Cf. Reuben S., 2008, “La crisis económica actual, una visión desde la Economía Política”, Revista de Ciencias Económicas, Vol.27, N°2, julio-diciembre, Universidad de Costa Rica, San José.

[2] – Cf. Reuben S., 2012, “Fundamentos hipotéticos para investigar la crisis económica contemporánea”, Revista de Ciencias Económicas, Vol.30, N°2, julio-diciembre, Universidad de Costa Rica, San José.

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Carta de Alexis Tsipras a los contribuyentes alemanes

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 Lo que nunca les dijeron sobre Grecia Alexis Tsipras Carta abierta publicada el 13 de enero en Handelsblatt, un importante periódico de finanzas alemán. La mayoría de ustedes, queridos lectores del Handesblatt, tendrán una idea preconcebida sobre aquello de lo … Sigue leyendo

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Ejes de una política económica transformadora


Ideas para ir creando condiciones para el surgimiento de nuevas relaciones sociales incluyentes y responsables

Sergio Reuben Soto

Solidaria

Presentación

I.-     La necesidad de remplazar las relaciones sociales que dan pie a nuestras sociedades, es cada día más patente.  Los resultados de las más recientes elecciones en distintos países de América Latina y, en general en el resto del mundo, ponen en claro la importancia que los pueblos le están dando a una transformación sustantiva de las instituciones sociales, políticas y económicas que definen el actual modelo de organización social de sus países.

Pero no sólo es ese resultado el que ha puesto de manifiesto este deseo; el reclamo desde diferentes sectores, foros ciudadanos y movimientos sociales del deterioro de los valores éticos en una parte del empresariado nacional y residente, así como en una parte de los funcionarios públicos (valores que aseguran una convivencia más pacífica, participativa, equitativa, cooperativa y solidaria) es otra de las manifestaciones elocuentes de esta necesidad.

Por otra parte, las dificultades que ha encontrado en los últimos años nuestras organizaciones sociales para superar indicadores de bienestar, de convivencia, de modernidad, de igualdad, fundamentales para brindar a todos los ciudadanos de ambos sexos las oportunidades que los avances científicos y técnicos ofrecen a la humanidad, ponen de manifiesto las limitaciones administrativas, de gestión, de emprendimiento, de organización, que padecen nuestras sociedades.

Asimismo, y no por ello menos importante, las justas y ya históricas pretensiones de los pueblos por impulsar una sociedad más armónica con la naturaleza, más coherente con las necesidades de la biosfera y con una explotación racional de los recursos naturales existentes y más responsable con las futuras generaciones, están siendo amenazadas por un sistema de producción y consumo, cuya racionalidad vital inherente responde únicamente a indicadores de acumulación de riqueza.

Consumo

II.-      Desde Marx, han sido múltiples los científicos, filósofos, historiadores, sociólogos y economistas que reconocen las relaciones sociales que organizan la producción y el reparto del producto colectivo de una sociedad, como las medulares, cuando no fundamentales, del conjunto de relaciones que regulan el comportamiento social.

De esta manera, me parece importante elabora un ejercicio de formulación de políticas económicas que busquen generar algunas condiciones especiales en el sistema de relaciones capitalistas que regulan la producción y la distribución del producto social en nuestros países. Condiciones especiales que abran oportunidades para el surgimiento de nuevas relaciones sociales menos determinadas por las necesidades de la acumulación de capital.

No pretendemos con ella, como podrían pensar algunos, definir una propuesta exhaustiva y completa de un modelo económico a implantar. Muy lejos está nuestra postura de una pretensión preponderante de este género. Más bien pensamos que será la iniciativa privada individual, la inventiva y creatividad de nuestros ciudadanos, hombres y mujeres, desde sus distintas actividades, posiciones y creencias en la sociedad, las que se encargarán de engendrar las nuevas relaciones sociales que darán pie a la sociedad más justa e inclusiva con que sueñan.

Ese libre albedrío, esa creatividad e innovación patentes en nuestros ciudadanos con todas sus diversidades culturales, están enmarcados (como ha sido desde los inmemoriales tiempos en que la humanidad se organizó en hordas) en unas relaciones sociales históricamente definidas, que aseguran una coherencia interna básica de toda la organización.

El problema en que se debaten nuestras sociedades americanas –y, creemos nosotros, una inmensa mayoría de sociedades en el mundo contemporáneo– es que el conjunto de relaciones sociales que definen hoy día esa coherencia interna de las normas de convivencia, está limitando (cuando no impidiendo) el debido desarrollo (ajustado a las condiciones actuales de la humanidad) de la iniciativa y de la creatividad individual y colectiva.

La forma en que se organiza la producción social y su reparto entre la sociedad, está determinada de manera importante por la propiedad de los medios de producción en los que los ciudadanos, hombres y mujeres, aplican su trabajo físico e intelectual. Hoy día, son los dueños de estos medios, basados en criterios asociados fundamentalmente con la maximización de las tasas de retorno de sus inversiones, los que determinan la orientación en los próximos ejercicios económicos, que le darán a esos medios y al excedente generado por ellos en ejercicios anteriores. De esta manera, la lógica del capital, o de los medios de producción y trabajo apropiados privada o corporativamente, define un proceso de producción y de distribución del producto social típico, exclusivo, especial; influido sustancialmente por la forma en que esos medios se orienten y se utilicen según las decisiones adoptadas por sus dueños y por sus dueñas.

Esas decisiones, sin embargo, no siempre responden a los intereses y necesidades de la sociedad en su totalidad, especialmente cuando los intereses corporativos controlan las fuerzas de la competencia en el mercado.  Así, esta lógica del capital que determina el uso de los recursos productivos de las sociedades, tiende a cierto plazo, con movimientos contradictorios, a rompimientos del proceso productivo y al uso ineficiente e ineficaz de esos recursos según los mejores intereses colectivos. Estos rompimientos en el proceso productivo y el uso ineficiente e ineficaz de los recursos escasos de nuestras sociedades, resultan en crisis económicas que provocan pobreza, miseria y descontento social y limitan seriamente la capacidad de nuestra sociedad de garantizar a los pobladores de su territorio, las condiciones de vida básicas correspondientes a la época.

Presentaos pues, en seguida, los ejes principales que buscan definir las políticas económicas, monetarias y fiscales que favorezcan el surgimiento de relaciones sociales más equilibradas. Con ellos se busca reorientar la estructura de relaciones de producción de nuestras sociedades, de manera que la lógica del capital ejerza una menor influencia en la organización productiva y de reparto del producto social, y así liberar la iniciativa privada de nuestros trabajadores y trabajadoras, de nuestros empresarios y empresarias, públicos y privados, de las limitaciones que ahora impone el capital; para que puedan desarrollar las nuevas relaciones sociales que definirán una sociedad más justa, equitativa, equilibrada, ecológica, responsable con el ambiente y con las futuras generaciones.

Opciones

Propuesta de ejes principales

1.- Un mercado libre, con regulación estatal allí donde la concentración de capital genere efectos sociales adversos. El mercado, la iniciativa privada y la competencia –en el marco de las relaciones de producción existentes– suelen generar efectos sociales positivos, pero la lógica del capital tiende al control corporativo de éstos eliminando su capacidad de orientar efectiva y eficazmente los recursos escaso entre las necesidades sociales. Allí donde el mercado falla el Estado deberá intervenir, para proteger los intereses del trabajador, de los consumidores y, en general los intereses del común. El Estado velará por el reconocimiento de externalidades, actuará en contra de prácticas monopólicas, e intervendrá para que los agentes de mercado (productores y consumidores) tengan acceso a información completa y fidedigna entre otros objetivos.

2.- Equilibrio dinámico del gasto público.   El gasto y la inversión públicos, tanto del gobierno como de las empresas e instituciones estatales, será programado en función de las condiciones de la economía nacional. El propósito fundamental de éste gasto e inversión será a) una adecuada redistribución del excedente nacional y de los aumentos de la productividad, b) acciones anti cíclicas de la acumulación de capital a escala nacional e internacional, c) pertrechado de medios de producción y trabajo para el Estado y sus empresas e instituciones, d) fortalecimiento e impulso del sector de economía social y e) impulso y fortalecimiento de las MIPYMES.

3.- Un sistema tributario justo y responsable. El sistema tributario deberá cumplir tres funciones: a) una función de redistribución de la riqueza, basada en un sistema tributario progresivo y capaz de generar recursos suficientes para que el gasto y la inversión pública favorezcan la igualdad de oportunidades para toda la población, b) una función interventora, basada en la capacidad de los tributos para influir en las decisiones individuales con efectos sociales negativos (impuestos a la contaminación, impuestos al consumo de productos dañinos para la salud, exoneraciones para actividades económicas generadoras de empleos de calidad, etc.)

4.- Democratización de la producción: impulso y fortalecimiento del sistema de economía social. Adecuación del sistema tributario para favorecer el establecimiento y desarrollo de empresas comunitarias, cooperativas y colectivas. Adecuación del sistema de compras estatales para darle más posibilidades de participar en las licitaciones públicas a las empresas de este sector. Orientar el sistema bancario del estado por medio de la banca de desarrollo para apoyar a estas empresas. Reorientar el sistema estatal y paraestatal de promoción de exportaciones y captación de recursos externos para favorecer a este sector. Crear un sistema de educación que abarque los distintos niveles de la educación pública, desde la primaria hasta la superior, que forme a los estudiantes en el aprovechamiento de las oportunidades abiertas por el Estado y la empresa privada. Creación de una institución nacional para la transformación empresarial, que apoye técnica y legalmente a aquellos empresarios y trabajadores que transformen su empresa en una del sector de la economía social.

5.- Legislación para regular e impulsar empresas de capital mixto, privado y público, en aquellos sectores estratégicos para el desarrollo sustentable del país, particularmente en proyectos de gran envergadura en infraestructura vial y de transportes, portuaria, energética y de innovación técnica y científica.

6.- Desmercantilización de la producción de bienes y servicios fundamentales. Fortalecimiento y desarrollo de las empresas e instituciones públicas existentes. Estudio para la reestructuración administrativa y directiva, de manera que su desarrollo responda mejor a las necesidades futuras del sector que atienden y a la optimización de la calidad de los servicios o bienes que producen.

7.- Diálogo permanente, responsable y transparente con el sector privado, tanto con las cámaras empresariales como, y particularmente, con los empresarios organizados de sectores productivos afectados por la nueva política económica. Apoyo a las empresas que decidan convertirse en parte del sector solidario.

8.- Apoyo y fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa MIPYMES. El apoyo a este sector buscará a) favorecer el empleo formal en estas empresas, b) favorecer las relaciones comerciales e industriales con empresas grandes nacionales y transnacionales y con el sector maquilero, con el objeto de generar encadenamientos productivos, c) favorecer con su desarrollo, la competencia en aquellos sectores donde el mercado se encuentre dominado por pocas empresas privadas, d) orientar a estas empresas hacia la formación de “complejos” cooperativos y colectivos de algunos servicios administrativos, exportadores, financieros, entre otros.

9.- Una política monetaria responsable orientada hacia el bienestar general. Búsqueda de un equilibrio beneficioso para los trabajadores, entre la cantidad de dinero disponible y el valor real de la producción. Una política cambiaria realista que favorezca el aumento de la capacidad de compra de los trabajadores. Una política monetaria orientada hacia la creación de empleo y de la inversión.

10.- Fortalecimiento de una contabilidad nacional que contemple las externalidades sobre el ecosistema, la producción doméstica históricamente no visibilizada por la desigualdad de género, las producciones artísticas. El reconocimiento del aporte económico de estas actividades implica trascender la lógica del capital, que solo considera valiosa la producción que genera ganancia monetaria.

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Los números de 2014


Los duendes de las estadísticas de WordPress.com prepararon un informe sobre el año 2014 de este blog. Aquí hay un extracto: Un teleférico de San Francisco puede contener 60 personas. Este blog fue visto por 2.600 veces en 2014. Si … Sigue leyendo

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Una reforma laboral justa


     Aclaraciones importantes para valorar la reforma al código procesal laboral.

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Los economistas prestigiosos apuntan a resolver la crisis reduciendo la desigualdad


-Por Escudrojo-

En un reciente artículo, el reconocido economista norteamericano Jeffrey Sachs señala –como se ha venido haciendo en los artículos publicados desde hace al menos 3 años en este Blog Escudrojo– que ni las teorías neoliberales ni las keynesianas apuntan certeramente a resolver las causas de la crisis económica actual. (1), (2), (3), (4).

Ilustración de las ganancias monopólicas      El problema central está en la mala distribución del ingreso social:  El capital, como relación entre el trabajo y la producción, define una distribución del excedente productivo concentrada en manos de los dueños de los medios de producción, que paulatinamente permite, esta distribución dispareja, el control de los mercados por unas cuantas empresas; las más exitosas.  En un artículo del 29 de noviembre de este año, The Economist presenta una discusión sobre las empresas en Internet y el dominio de Google en ese sector.  Sin hacer un análisis económico propiamente dicho, en él quedan plasmados las principales características del comportamiento concentrador de los actuales monopolios (5)

       De esta manera, dejar a los mercados por la libre, sólo resulta, en determinado plazo, en la apropiación creciente, por parte de esas empresas, del excedente generado en el sector de la producción correspondiente.  Puede verse para mejor documentacion, Reuben S., “La crisis actual: una visión desde la economía política

     Así, la distribución de los recursos productivos se va concentrado en pocas manos, ocacionando grandes perjuicios al reparto más eficaz y más eficiente de estos recursos, entre las necesidades de la población. Ver: Fundamentos hipotéticos para investigar la crisis economica contemporánea

       Conforme la acumulación de capital avanza en esa direccion, se van acumulando serias contradicciones sistémicas y estructurales que paulatinamente van creando condiciones para el rompimiento del mismo proceso de acumulación de capital; manifestándose en una crisis económica.

       Nada complace más al director de este Blog Escudrojo ver reconocidas por economistas prestigiosos, las hipótesis sobre el origen de la crisis presentadas por él y por el colaborador del mismo, el economista Sergio Reuben Soto, que elaboramos desde hace varios años partiendo de un análisis fundado en la economía política.

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Costa Rica ante la reducción de los precios del petróleo


Cilindros

Un comentario de Sergio Reuben

Jorge Altamira, reconocido economista latinoamericano ha publicado un interesante comentario en http://bit.ly/1pwpwNb en el que analiza el efecto de la caída de los precios del petróleo en la situación crítica de la economía mundial.

Y uno de los efectos que señala, particularmente referente a los países en vías de desarrollo, es el de las dificultades fiscales que esta caída puede traer para sus gobiernos.

GráficoPetrleoEl gobierno de Costa Rica y sus agencias tienen ingresos fiscales importantes originados en el valor de las importaciones de petróleo y la venta de combustible. La caída de los precios del petróleo va a significar, o ya está significando, una reducción importante de esos ingresos.

Es cierto que, en el marco de un comportamiento macroeconómico teórico, la reducción de estos ingresos debía verse compensada, en el plano fiscal, por una reducción de los precios generales; de manera que no fuera notable el impacto en las financias públicas. Pero lo cierto es que esa reducción de los precios generales no es un fenómeno automático, como podrían pensar erróneamente –siempre erróneamente– los neoliberales. (Pensamiento del que lamentablemente no parece distanciarse mucho la política económica y monetaria de la administración Solís Rivera; de ahí nuestra advertencia).

De esta manera, es importantísimo que las autoridades de Hacienda evalúen a la mayor brevedad posible el impacto fiscal de la reducción de los precios del petróleo, en primer lugar. Y luego, que toda la administración tome conciencia de la situación para que estudien con todo cuidado los incrementos en las tarifas de los servicios públicos, particularmente aquellos petróleo-dependientes, tales como transporte público. Así como los aumentos en los precios de los productos con alto contenido de transporte…, etc., de manera de reducir la escalada natural de los precios que requiere el capital para reproducirse. De esta manera estarían actuando “contraciclicamente” para reducir los efectos contraproducentes de la lógica del mercado, regulando estatalmente –hasta dónde ha dejado posible la reforma neoliberal–, el proceso de acumulación del capital.

La reducción de los precios del petróleo, al fin y al cabo, puede ser una bendición para un país como el nuestro, que ha renunciado a la exploración y a la extracción petrolera, porque su economía no depende directamente de los ingresos de esta producción. Ni tampoco de lEl Salvadoros ingresos de otras formas de producción “extractivista”, ya que, de manera semejante, los precios de la mayoría de los metales han caído abruptamente.

Así, esta coyuntura puede presentarse benéfica para propiciar una redistribución del ingreso nacional.  Manteniendo moderadamente el crecimiento de los salarios, el gobierno podría dar paso a un mejoramiento de la capacidad de compra de las clases asalariadas; elevando su nivel de vida.

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Endeudamiento público y desarrollo económico


Desarrollo y déficit público

 

Entrada escrita por Sergio Reuben Soto

 DesrrSost

Déficit y condiciones-país

Esta discusión no puede hacerse en abstracto; hay que ubicarla en un país y en el marco de las condiciones históricas que lo definen. No es lo mismo el déficit público de un país desarrollado, esto es, un país con una alta acumulación de capital, que el déficit en un país en vías de desarrollo, con una baja acumulación de capital. Costa Rica tiene un nivel de deuda pública acorde con el nivel de su PIB, en el marco de los países con rentas per capita medias.

Los países con niveles bajos de acumulación de capital requieren de gastos o inversiones relativamente mayores para poder crecer a tasas superiores a las de los países desarrollados, e ir acortando la brecha en acumulación de riqueza y capital que los separa de éstos.

Mas las burguesías nacionales de los países en vías de desarrollo, dueñas del capital generado en cada ciclo productivo, no son lo suficientemente agresivas con sus inversiones como los dueños del capital de los países ricos. Entre las principales razones se encuentra lo que los expertos llaman “fertilidad” del capital, que tiene que ver con la velocidad y seguridad con que se recupera el valor de las inversiones. Además de aspectos sociales, políticos y culturales que sólo dejamos mencionados aquí.

De esta suerte, el gasto en inversión pública, el gasto que tiene que hacer el Estado para lograr tasas de inversión suficientes para mantener tasas de crecimiento económico sustantivas, debe ser, relativamente, mucho mayor en los países en vías de desarrollo. Que a su vez, son los que de menos capital disponen.

Endeudamiento estatal y privado

De ahí la necesidad del endeudamiento público; el Estado debe desempeñarse como factor de crecimiento, endeudándose interna y externamente, para poder invertir y determinar un crecimiento estable y bien orientado.

Hoy día, con la apertura económica, se dice que la inversión privada ex­tranjera puede llenar esas necesidades de inversión, sin que el Estado requiera adjudicarse ese papel. Pero los que así predican, sólo consideran los costos –por así decir– “primos” de esas inversiones privadas, y dejan por fuera otros costos de oportunidad. Sólo para ilustrar el punto: La formación técnico-financiera que ha significado el diseño, la construcción y la administración de toda la infraestructura de producción y distribución eléctrica en el país, ha dejado una masa de trabajadores altamente calificada, bien remunerada, con altos niveles de consumo, que impulsan la oferta y la demanda de la economía nacional (amén de una distribución geográfica y socialmente equilibrada del servicio). No hubiera sido lo mismo si todo ese sistema hubiera sido diseñado, construido y administrado por empresas extranjeras. Los costarricenses lo sabemos por los desastrosos resultados de la Electric Bond & Share mediando el siglo pasado, las empresas bananeras extranjeras y recientemente las experiencias con el régimen de Zonas Francas y las decisiones unilaterales de abandonar el país de muchas de sus empresas.

No es casual, pues, que las empresas extranjeras requieran de condiciones “especiales” para invertir; que logran con la modificación del ordenamiento legal nacional por medio de paquetes como el que pasó la administración Arias con la “Agenda de Implementación“ del TLC. O más recientemente con la cláusula que le asegura el monopolio del desembarco de contendedores en el puerto del Caribe a la APM Terminals. O bien, de otras cláusulas especiales que tienen que ver con los costos ambientales como las que pretendía Crucitas. Así, la inversión privada extranjera implica costos adicionales que no son cuantificados debidamente, y que al fin y al cabo terminan pesando sobre la economía nacional y la naturaleza de su desarrollo.

Claro está que, ante la escasez relativa de capital para impulsar su crecimiento, los países en vías de desarrollo deben medir muy bien esos costos para que no les pase lo que sentencia el viejo refrán “ir por lana y salir trasquilados”.

En un mundo “financierizado”, esto es, en un mundo en el que existe una masa enorme de capital financiero, no es una torpeza pensar en endeudarse para invertir en desarrollo. Las condiciones financieras son favorables para que el Estado y sus empresas se endeuden para invertir en infraestructura de educación, en salud, transportes, puertos, seguridad alimentaria, energía, agua, etc. La inversión que se haga en esas áreas y otras más, generan, justamente, las condiciones para crear esa “fertilidad” del capital que favorece su acumulación, tanto privada como pública.

10.000ColInversión pública y modelo de desarrollo

Lo interesante de un desarrollo impulsado por la inversión pública es que está normado por los intereses del Estado; que debieran ser los intereses de las grandes mayorías, dependiendo claro está –y los lectores y lectoras lo entenderán– del nivel de democracia que gobierne a ese Estado y de su capacidad adminis­trativa. Mientras que la empresa privada genera un desarrollo “busca rentas”, (para una mejor comprensión de este concepto puede verse en este Blog 1, 2, 3, y en artículos académicos 4 y 5 )

Ciertamente, los réditos de esas inversiones no pueden ser contabilizados a la manera empresarial; no todas las inversiones hechas por el Estado rentan por sí mismas. Una inversión en educación pública no puede ser evaluada por su rendimiento financiero, como puede hacerse con el servicio de agua potable por medio del cobro de una tarifa.

Pero lo que realmente interesa al fin y al cabo, es el bienestar social, la creación de oportunidades para todos los ciudadanos y ciudadanas del país, para el desarrollo de las habilidades de nuestros jóvenes, de nuestros trabajadores, de nuestro empresarios y empresarias, hombres y mujeres, para el surgimiento de condiciones que aseguren el crecimiento económico ecológicamente sustentable.

Así, el endeudamiento público bien administrado, celosamente gestionado, cuidadosamente invertido es un elemento esencial para asegurar el desarrollo sostenible del país, tanto socialmente como ambientalmente, tanto culturalmente como políticamente.

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Moral o negociación en la deuda soberana


 El código de los derechos elementales de los pueblos

 

Servio Escudrojo

El 21 de octubre el economista norteamericano Robert Skidelsky publicó en Project Syndicate una interesante reflexión sobre los valores que han dominado los conflictos históricos entre deudores y acreedores “La economía moral de la deuda”.  He pensado señalarlo en el Blog Escudrojo porque tiene claras implicaciones con los problemas que la mayoría de los países de la Región han tenido con las negociaciones de sus deudas soberanas.

En el fondo lo que el señor Skidelsky muestra es que esos conflictos no pueden ser resueltos apelando a principios éticos o morales, sino, en última instancia, lo que priva es el poder de negociación.  No se le puede pedirle al acreedor lo que no puede dar, sin mancillar sus derechos humanos elementales.

El problema cuando se trata de deuda soberana de las naciones es que no existe un códico de derechos elementales de los pueblos, que pueda impedir someterlos a cobros excesivos que violenten ese código.

Sin embargo, sí hay que advertir que hay “deudas odiosas” como han venido llamando a aquellas que fueron contraídas por gobiernos electos no democráticamente, o fraudulentamente; originadas en préstamos que los acreedores no debieron conceder.  Por ejemplo, cómo se le podría cobrar al pueblo sud africano la deuda contraída por los gobierno del apartheid?  Y los mismo puede decirse de muchas deudas contraídas por gobiernos odiosos en América Latina.

Si se quiere avanzar en la dirección de elaborar una reglamentación para el cobro de la deuda soberana de las naciones, como lo ha manifestado recientemente la Asamblea General de las Naciones Unidas (1), hay que identificar primero los derechos elementales de los pueblos, de manera que no puedan ser menoscabados por la demandas de los acreedores.

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Este mes el Blog Escudrojo cumple 4 años


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