La Asamblea vuelve por los fueros de la idiosincracia nacional


La Asamblea Legislativa ha comenzado a volver por los fueros de la idiosincracia costarricense.

El retiro de la solicitud de autorización de atraque de la Embajada de los Estados Unidos por 26 buques de guerra al territorio nacional hecho por el Ministro de Seguridad, pone en evidencia el clima político imperante en la Asamblea Legislativa gracias a una actitud de la oposición más consecuente con la idiosincracia de nuestro pueblo.  La bancada oficialista y el gobierno de doña Laura no tuvieron más remedio que echar marcha atrás en sus pretenciones de militarizar la lucha contra el marcotráfico.  Mecanismo que ya ha mostrado su ineficacia con la situación de quasi-guerra civil en que se encuentran México y Colombia.

Los delitos por marctráfico son de incumbencia policíaca, como en cualquier país civilizado del mundo, no de las fuerzas armadas. La intromisión de estos cuerpos en esta lucha contrae el peligro de generar conflictos de orden fronterizo, de abusos de autoridad, de corrupción y de pérdida de derechos ciudadanos por la habitantes del territorio nacional.  Los ejércitos y fuerzas armadas, por su naturaleza, no están preparadas para actuar en consonancia con el respeto de los derechos civiles y, apenas si, cuando mucho, en consonacia con los derechos fundamentales del ser humano.  La triste experiencia del ejército de los Estados Unidos en la pacificación de Pakistán y de Afganistán es una muestra palpable de la incompetencia de estas fuerzas en tareas de carácter policíaco.

Habrá que revisar con más detalle el convenio y el nuevo permiso, porque el que concedieron desvergonzadamente los diputados oficialistas hace seis meses contenía además la autorización para el desembarco de personal militar al que no se le podía juzgar en el caso de comisión de delitos, por nuestros tribunales de justicia.

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La Nación: Esteban A. Mata emata@nacion.com 10:18 p.m. 20/12/2010

El plenario legislativo aprobó ayer solo uno de los dos permisos solicitados para el ingreso de barcos guardacostas y naves artilladas de Estados Unidos (EE. UU.) con el fin de cumplir con el convenio de patrullaje conjunto en el mar contra el narcotráfico.

Los congresistas se limitaron a aprobar el permiso para 46 naves del Servicio de Guardacostas de Estados Unidos, luego de objetar la petición del Ministerio de Seguridad Pública y del Gobierno estadounidense para el ingreso a aguas ticas de 26 naves de guerra.

La presión de los opositores del Partido Acción Ciudadana (PAC), Frente Amplio, Unidad Social Cristiana (PUSC) y Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE) se basa en que el convenio especifica el ingreso para guardacostas, no para naves artilladas del Ejército.

Esto llevó al Ministerio de Seguridad a retirar la solicitud de EE. UU. para el ingreso de 26 buques de guerra a aguas ticas.

El acuerdo tuvo el apoyo de 38 de los 42 diputados presentes a las 2:55 p. m. de ayer, y autoriza el ingreso de los barcos a aguas costarricenses entre el 1.° de diciembre y el 30 de junio próximo.

Dicho convenio tiene 11 años de vigencia y empezó a ser cuestionado por la oposición especialmente el año pasado, cuando Estados Unidos amplió la solicitud para la llegada de naves artilladas.

Esta fue la principal tarea de los diputados en el último día de trabajo del 2010 pues ahora van de receso de fin de año y volverán hasta el 17 de enero.

Los opositores defendieron su tesis de que la entrada de naves de guerra sería ilegal.

“No se conoció el permiso de los buques armados, y con esa condición se votó el permiso para las naves del servicio de guardacostas”, aceptó ayer el presidente del Congreso, Luis Gerardo Villanueva.

“Esto significa que los permisos para barcos militares están bajo cuestionamiento y tendrá que realizarse un debate profundo, y creo que esto es positivo para un país que pregona la paz”, dijo ayer el jefe del PAC, Juan Carlos Mendoza.

“No se trata de problemas ideológicos, se trata de que nosotros como nación debemos capacitar a costarricenses para que utilicen el acto policial y soberano de perseguir a los narcotraficantes”, dijo Víctor Emilio Granados, del PASE.

“Se aprobó un permiso únicamente para el Servicio de Guardacostas, que también son naves artilladas, pero hay un avance en hacer la diferencia”, dijo el diputado del Frente Amplio, José María Villalta.

“Desde el principio estábamos de acuerdo en que no se mezclaran los dos permisos (uno para buques de guerra y otro para guardacostas); de momento lo que le interesaba al país era mantener en vigencia el acuerdo de patrullaje conjunto con Estados Unidos”, opinó el jefe del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Wálter Céspedes.

Los socialcristianos consideran conveniente que se revise el convenio, para evitar roces de legalidad y fortalecer la lucha antidrogas, agregó Céspedes.

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